Delcy Rodríguez, junto a Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y la presidente del TSJ30 Ago, 2026 10:08 a. m. ESTGuardarLa posible conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se perfila como uno de los primeros desafíos de la transición venezolana. Tras el acuerdo alcanzado el 12 de agosto de 2026 entre representantes del régimen y la Asamblea Nacional de 2015, bajo acompañamiento de Estados Unidos, el debate dejó de centrarse únicamente en la sustitución de los magistrados y pasó a una pregunta más compleja: cómo garantizar que el nuevo proceso no reproduzca los vicios que durante años erosionaron la independencia judicial.En un análisis jurídico, la organización Conciencia es Dignidad sostiene que la renovación completa del TSJ puede convertirse en una oportunidad para reconstruir una justicia al servicio de los ciudadanos. Pero advierte que el cambio de nombres no será suficiente si la selección de los nuevos magistrados se realiza con opacidad, injerencia política o reglas improvisadas.PUBLICIDADEl acuerdo prevé la reforma de la Ley Orgánica del TSJ, la renovación y ampliación del Comité de Postulaciones Judiciales, la apertura de un nuevo proceso para escoger a todos los magistrados y la creación de una instancia encargada de revisar las credenciales de los aspirantes. Sin embargo, la ONG subraya que aún no se conocen las reglas que regirán ese procedimiento.Conciencia es Dignidad cuestionó si la Asamblea Nacional 2025 tiene legitimidad para aprobar la reforma que servirá de base a la designación de magistrados del TSJEl escenario abre un dilema adicional: la Constitución establece un período de doce años para los magistrados del TSJ, pero si la designación ocurre durante una institucionalidad transitoria, podría plantearse la necesidad de nombramientos provisionales por dos o tres años. Para Conciencia es Dignidad, allí se medirá si la transición venezolana puede avanzar hacia instituciones autónomas o si terminará atrapada en los mismos mecanis
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