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Crónica de un colapso anunciado

Las familias afectadas padecen las consecuencias de una lamentable falta de control institucional por parte de las diferentes administraciones municipales

Con la reciente evacuación de las 137 familias residentes en el edificio Interclub, puede afirmarse que el fenómeno de la megaestafa inmobiliaria en Medellín sigue cobrando víctimas ante la inoperancia estatal.

La decisión de evacuar fue tomada dos años y medio después de las denuncias permanentes de la ciudadanía ante el vandalismo en los enfermos edificios Continental Towers y Asensi y su riesgo de colapso.

A los edificios mencionados se suma Space, con la particularidad de que fueron concebidos por la Constructora CDO, implementadora del famoso proceso de hiperoptimización (consistente en ahorro de materiales), recomendada por el ingeniero calculista Jorge Aristizábal.

La escandalosa cifra de 4.500 familias víctimas de la megaestafa inmobiliaria en Medellín y algunos municipios del Valle de Aburrá debiera ser motivo de vergüenza para funcionarios públicos vinculados a curadurías, oficinas de planeación, inspecciones de policía, secretarías de gobierno y, muy especialmente, organismos de control, como la Fiscalía, la Procuraduría, las personerías y los despachos judiciales.

Las desgarradoras historias que conocí en las comisiones accidentales del Concejo de Medellín que presidí desde el año 2009, sobre el tema, dan cuenta de los miles de ciudadanos a quienes no les entregaron las viviendas; a otros se las entregaron, pero sufrieron deterioro prematuro; otros las habitan, pero conviven con la sorpresa de tenerlas hipotecadas; muchos más enfrentan el infortunio de encontrar que el proyecto que compraron en planos ha sido vendido en dos, tres o en más oportunidades; muchos han sido desalojados por temor a que los edificios se les vengan encima y cientos han tenido que asistir a la implosión de sus apartamentos, como ocurrió con el edificio Space.

Los afectados acudieron confiados en que las firmas constructoras oferentes de proyectos gozaban del control estatal, pero, desafortunadamente, no fue así. Hoy son víctimas de una red de constructores y de funcionarios públicos que han actuado concertadamente para que miles de millones de recursos producto del trabajo de muchos años hayan engordado los bolsillos de los delincuentes.

Las familias afectadas padecen las consecuencias de una lamentable falta de control institucional por parte de las diferentes administraciones municipales.

Entre los estafadores inmobiliarios se resaltan: La Asociación de Vivienda Multifamiliar Torre Libertadores, Promotora Amiga, CDO, Tecnocasas, Fundación Constructores al Rescate, Invernorte, Constructora del Norte, Europa Construcciones, W Group, Laredo Michoacán, Fajardo Moreno y, por supuesto, no podía faltar en la lista la mayor estafa inmobiliaria de orden oficial, a cargo de la administración de Medellín, conocida como la renovación urbana de Naranjal.

Hoy no se avizoran soluciones efectivas a esta problemática por la lentitud de las entidades estatales y por la parsimonia de algunos funcionarios públicos que han puesto en el paseo inmobiliario a las víctimas, mandándolas de una oficina a otra.

Las implosiones de los edificios enfermos le han costado al Estado cerca de 25 mil millones de pesos, pero es más lamentable la implosión de los proyectos de vida de los afectados y de los denunciantes, que han perdido su patrimonio y se ha deteriorado su salud mental y física.

Post Scriptum: ¿Cuál fue el subsecretario de Movilidad del municipio de Medellín que estructuró el proyecto de chatarrización de vehículos denunciado por el inquieto y estudioso concejal Daniel Duque? ¿Cuál fue el motivo de su renuncia o destitución?