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Comité 8 de julio pedirá cambios a iniciativa de ley

Jacinto Quintero, vocero del comité, subrayó que esperan que comience el primer debate para presentar sus sugerencias. ?Nosotros queremos sentarnos con la Comisión de Salud y Trabajo de la Asamblea para cambiar algunas cosas?, manifestó el activista

Dirigentes del Comité 8 de Julio, que representa a las víctimas de los enfrentamientos ocurridos en 2010 en Changuinola, Bocas del Toro, informaron ayer jueves que no están conformes con la propuesta de ley que el Ministerio de la Presidencia presentó esta semana a la Asamblea Nacional para extender el apoyo económico brindado a los afectados por el Estado.

Jacinto Quintero, vocero del comité, subrayó que esperan que comience el primer debate para presentar sus sugerencias. ?Nosotros queremos sentarnos con la Comisión de Salud y Trabajo de la Asamblea para cambiar algunas cosas?, manifestó el activista.

Quintero representa a 480 trabajadores que viven con perdigones de plomo en el cuerpo, con los que fueron heridos en los enfrentamientos registrados en 2010 en Changuinola. Cuando menos 82 de ellos perdieron la vista parcialmente y el resto lleva los perdigones desde hace 12 años en músculos, huesos, cráneo y órganos como los riñones o el hígado.

A los que sufrieron daños en la visión durante los enfrentamientos, el Estado les concedió una pensión vitalicia mensual de $800, y otros 400 reciben una pensión de $300. No obstante, la Ley 28 del 4 de mayo de 2015, que regula este apoyo económico, establece que en el caso de este último grupo la ayuda debe ser revisada cada tres años y, si se ha desmejorado su salud, deben recibir entonces una pensión de $800.

Precisamente, el próximo mes de octubre concluye ese periodo y hasta el momento las víctimas no tenían una respuesta sobre el futuro de la pensión, lo que les generaba cierta incertidumbre, pues aseguran que con ese dinero adquieren alimentos o medicamentos para sobrellevar los dolores.

Las diferencias

Respecto al proyecto de ley, los trabajadores no están de acuerdo con el monto de la pensión, fijado en $300, y también rechazan la extensión del apoyo económico solo por tres años, porque la ley vigente establece, precisamente, que cada tres años una comisión técnica debe revisar el estado de salud de las víctimas para determinar si han mejorado o si se ha deteriorado su salud.

?El monto que ellos [el Gobierno] está dando es algo que queremos tratar en primer lugar, porque el costo de la vida es elevado y la condición de salud de muchos de los trabajadores, luego de 12 años, se deteriora?, aportó.

Quintero insistió en que no se está cumpliendo con la ley, ya que la comisión técnica no está evaluando el estado de salud de aquellos que reciben la pensión mínima, para determinar si deben ser incluidos en el grupo de la pensión vitalicia de $800.

Otro de los aspectos que mencionó Quintero es que entre 2010 y 2022 han fallecido unos 15 de sus compañeros. En ese caso, dijo que la ley estipula que el cónyuge o sus hijos reciban la pensión, pero hasta ahora no se ha cumplido con eso.

?De momento, algo positivo que han hecho es que se extendió por tres años la ayuda, pero nadie que vive con plomo en la sangre y en sus órganos va a mejorar con el tiempo. Todo lo contrario?, dijo.

Concluyó señalando que ellos no están solicitando ningún favor, ya que hay una ley que establece esas ayudas. ?Si nosotros no estamos vigilantes, los gobiernos se olvidan de esto?, añadió.

El ministro de la Presidencia encargado, Carlos García Molino, presentó este miércoles 3 de agosto el proyecto de ley que modifica el artículo 5 de la Ley 28 de 2015, con la finalidad de establecer un procedimiento ágil para que la ayuda a los afectados que han muerto en los últimos años llegue de manera expedita a sus sucesores.

Por otra parte, con esta iniciativa de ley se propone prorrogar del 1 de noviembre próximo al 31 de octubre de 2025 el beneficio para quienes, previa comprobación, se determine que su salud ha sido afectada o que sufrieron un perjuicio psicosocial a causa de los hechos de violencia en Changuinola.

?Considero que la aprobación de este proyecto de ley constituye un acto de justicia social?, indicó García.

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