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FJT advierte sobre una guerra civil por privatización de PC; pide al Senado no aprobar disposición 

Asimismo, la entidad cívica advirtió al Senado, sobre la peligrosidad de un futuro estallido social, el cual, a su juicio estaría abonando y obligando al pueblo dominicano a tirarse a las calles por al despojo de un bien público de inestimable valor, ello sumado también a la entrega y privatización de las empresas distribuidoras de energía eléctrica (EDES), con todo un proceso en curso acelerado de privatización.

Justicia y Transparencia deploró, que en esta ola de privatización, “disfrazada de Alianzas Públicas Privadas APP”, y concretamente para el caso ocurrente de Punta Catalina, bajo la denominación de fideicomiso público, se permita el “descuartizamiento” del patrimonio estatal, bajo un esquema enteramente privado, en consecuencia sin la responsabilidad de someterse a ninguna de las leyes estatales sobre transparencia, llámese Compra y Contrataciones Públicas, Acceso a la Información Pública, Contraloría o Cámara de Cuentas, instituciones que no tendrían ninguna competencia

Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), pidió este miércoles al Senado de la República, tras la aprobación de la Cámara de Diputados, del fideicomiso para entregar al sector privado, la administración de Punta Catalina por 30 años, rechazar la disposición por considerarla contraria a la constitución, al interés público, además de enajenar en forma gratuita un patrimonio del pueblo dominicano.

Asimismo, la entidad cívica advirtió al Senado, sobre la peligrosidad de un futuro estallido social, el cual, a su juicio estaría abonando y obligando al pueblo dominicano a tirarse a las calles por al despojo de un bien público de inestimable valor, ello sumado también a la entrega y privatización de las empresas distribuidoras de energía eléctrica (EDES), con todo un proceso en curso acelerado de privatización.

Justicia y Transparencia deploró, que en esta ola de privatización, “disfrazada de Alianzas Públicas Privadas APP”, y concretamente para el caso ocurrente de Punta Catalina, bajo la denominación de fideicomiso público, se permita el “descuartizamiento” del patrimonio estatal, bajo un esquema enteramente privado, en consecuencia sin la responsabilidad de someterse a ninguna de las leyes estatales sobre transparencia, llámese Compra y Contrataciones Públicas, Acceso a la Información Pública, Contraloría o Cámara de Cuentas, instituciones que no tendrían ninguna competencia.

El presidente de la fundación Trajano Potentini, lamentó el accionar de la Cámara de Diputados, al aprobar el referido contrato, con 102 votos presentes en el hemiciclo de una matrícula de 190 diputados, con una ausencia conveniente y significativa, de gran parte de los miembros.

Potentini calificó como perturbación el que el contrato aprobado por los diputados, faculte al denominado Comité Técnico, compuesto por 5 personas físicas, provenientes casi en su totalidad del sector eléctrico privado, con intereses y negocios en el mismo, para autorizar y aprobar la incorporación de personas físicas o morales, que realicen inversiones en el Fideicomiso de Punta Catalina, en calidad de Fideicomitentes Adherentes, en suma eso se traduce en que podrán seguir vendiendo y privatizando a Punta Catalina.

“Lo cierto es que el referido comité, dirigido y presidido por el exadministrador de la CDEEE, Celso José Marranzini Pérez, y José Luis Actis, Noel Báez Paredes, George Ángel Reinoso Núñez y John A. De Armas, tendrá todos los poderes, para de forma secreta, privada y discrecional, por los próximos 30 años, para licitar trabajos, contratar personal, vender acciones, fijar precios y vender energía, en fin, disponer a sus anchas de todo lo relativo al manejo de Punta Catalina, como dueños, amos y señores”, dijo.

Finalmente llamaron al Senado, a no aprobar dicha petición, lo cual a su juicio llevaría al secretismo y sin escarnio social alguno, el manejo de Punta Catalina, dado en un mal llamado Fideicomiso Público, figura fundamentalmente concebida para actividades de naturaleza privada, con una estructura flexible, y reiteramos fuera de los controles de transparencia y rendición de cuentas del Estado”.

 

 

 

 

 

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